Manifiesto jurídico


 
Alrededor de 200 profesores universitarios del ámbito del Derecho y juristas han suscrito un manifiesto que cuestiona la actuación del fiscal y el juzgado de la Audiencia Nacional en el procesamiento de ocho jóvenes de Alsasua por un delito de terrorismo, tras la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas.

Después de “lamentar” los hechos, los firmantes ven “inapropiada y desmesurada” una calificación que ha conllevado la prisión preventiva sin fianza para varios de los acusados y en la que sostienen que se ha hecho una interpretación y aplicación del Código Penal “disparatada”.

Leer manifiesto


Las personas firmantes de este escrito queremos manifestar que si bien reprobamos los hechos acontecidos el 14 de octubre en Altsasu, no compartimos y disentimos radicalmente de la actuación de la Fiscalía y del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que en una inapropiada y desmesurada calificación jurídica de los hechos los han considerado como delitos de terrorismo y han adoptado la prisión preventiva incondicional como medida cautelar para varios de los ocho detenidos y procesados.

Consideramos que el calificar indiciariamente como delitos de terrorismo esos hechos es constitutivo de una interpretación y aplicación del Código Penal (art. 573) absolutamente contraria a los criterios que para ello fija con carácter general el ordenamiento jurídico español Para cualquier observador objetivo e imparcial, con el mínimo de sentido común exigible para ejercer la función de juzgar y/o de legislar, resulta disparatado que esos hechos puedan tipificarse como delito de terrorismo.

La lectura del auto de procesamiento es reveladora de que el mismo se aleja de los principios de objetividad e imparcialidad a que se deben todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal, por cuanto no aparecen consignadas y apreciadas las circunstancias así adversas como favorables a los presuntos reos (art. 2 Ley Enjuiciamiento Criminal). El auto cuestionado, se basa más en sospechas que en indicios racionales al consignar las circunstancias que llevarían a incluir los hechos en el tipo penal del art. 573 CP. Menciona esas circunstancias incriminantes en tiempo verbal potencial (“podrían encontrarse”, “habrían participado” etc.) sin constatar un solo hecho que le permita pasar la barrera de la mera sospecha. El auto desconoce y no contempla como otra versión posible, a nuestro entender la más verosímil, la de que fue una trifulca de madrugada en un bar, sin relación alguna con movimientos ni campañas del tipo “alde hemendik” que cita, trifulca que en estos tiempos solo puede relacionarse con terrorismo forzando desproporcionadamente el razonamiento humano.

Esta forma de instruir un proceso penal, con los criterios de interpretación y aplicación de las leyes utilizados en este caso, son impropios de un Estado de Derecho, por lo que como sociedad civil debemos mostrar nuestro rotunda desaprobación crítica. Las conductas violentas rechazables no pueden ser contestadas con una reacción desmesuradamente desproporcionada de los jueces y tribunales, interpretando extensivamente como terrorismo aquellas agresiones violentas con la desviada intención de que los hechos sean enjuiciados por la Audiencia Nacional, hurtando su investigación y enjuiciamiento al juez natural, los tribunales de Navarra, que son los competentes, porque es en su demarcación donde se cometieron los hechos a investigar y enjuiciar. Estamos asistiendo a un lamentable ejemplo de descrédito de la “Justicia”, que deslegitima al órgano que está actuando alejado de lo que una sociedad democrática se merece. Un nuevo ejemplo de la aplicación del Derecho Penal del Enemigo. Un despropósito de reacción frente a unos hechos no premeditados y probablemente propiciados por impulsos circunstanciales a altas horas de la noche en un entorno (un bar específico) y posiblemente no en las mejores condiciones físicas.

Por ello, mostramos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas, con sus familias, con los y las habitantes de Altsasu y con su Ayuntamiento. La ciudadanía de Altsasu y su Ayuntamiento han dado muestra fehaciente de su defensa de la paz y de la convivencia, que se ha visto truncada por estos hechos que nunca debieron ocurrir.

Desde una perspectiva jurídica esta intervención de los tribunales no puede ser más que objeto de crítica. Es incompresible que los Tribunales de justicia sean ellos mismo los causantes de la minoración de los derechos de la ciudadanía en lugar de ser sus garantes. Un modo de proceder judicial de este tipo merece una clara respuesta por parte de las instituciones democráticas, motivo por el cual nos dirigimos a las autoridades de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los Territorios Históricos y de los Ayuntamientos para que manifiesten con claridad la valoración que hacen de estos hechos, así como su solidaridad con la ciudadanía, el Ayuntamiento de Altsasu y las víctimas de estos hechos. Estamos ante un disparate que a nuestro entender no encaja con los principios básicos de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho.

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Ver los firmantes

1. Aberasturi, Unai
2. Agirrezabala Mundiñano, Luis Miguel
3. Aihartza, Joxerra
4. Aizpurua Telleria, Xabier
5. Akarregi Gerenabarrena, Joakin,
6. Alberdi Bidaguren, Jokin, JUR
7. Allende, José
8. Alonso Gómez, Iñigo JUR
9. Alonso Izurza, Alazne JUR
10. Alonso Ruiz de Erentzun, Estibaliz
11. Amezaga, Josu
12. Amurrio, Mila
13. Andino García, Susana
14. Antigüedad, Iñaki
15. Anza, Xabier JUR
16. Apellaniz, Estibaliz
17. Arana Arrieta, Edorta
18. Areskurrinaga Mirandona, Efren
19. Arizkun, Alex
20. Armendariz Barnechea, Mikel.
21. Arostegi García, Javier
22. Arrazola Caminos, Jon.
23. Arriaga Arrizabalaga, Andoni
24. Atxa, Begoña JUR
25. Azcona Santacilia, Miguel.
26. Azkarraga, Joseba JUR
27. Azkune, Jon JUR
28. Azpillaga Goenaga, Patxi
29. Barandiaran Jaca, Juan Daniel JUR
30. Barbero, Iker JUR
31. Barcena García, Patricia JUR
32. Barcena, Iñaki
33. Barcos Pérez, Juantxo.
34. Bengoetxea, Aitor JUR
35. Bernaras Iturrioz, Elena
36. Bidaurratzaga Aurre, Eduardo
37. Bidondo Arnedo, Arantza JUR
38. Bilbao Zabala, Josune
39. Bizente Barcena, Iñaki
40. Blas Mendoza, Asier
41. Bosque Novoa, Lorea.
42. Bosque Perez, Guillermo
43. Bueno, Gorka
44. Bullain, Iñigo JUR
45. Caballero, Bittor
46. Cajaraville Bereziartua, Miren P.
47. Camara Izagirre, Aintzane
48. Campos, Arantxa JUR
49. Canales Urrusolo, Victor JUR
50. Cantero Mantas, Juan Antonio
51. Cañada, Félix JUR
52. Carrera Turrillo, Imanol.
53. Cases Gutiérrez, Blanca Rosa
54. Castells Artetxe, Miguel JUR
55. Celaya Amenabar, Ander
56. Chillón, Igor JUR
57. Chueca, Josu
58. Ciaurriz, Fermin JUR
59. Compains Rolan, Asun.
60. Compains, Jose Mª JUR
61. De la Fuente Mikel JUR
62. De la Maza Peña, Xabier JUR
63. De Zabala, Javier JUR
64. Del Amo, Ion Andoni JUR
65. Diez Lopez, Maria Anegeles
66. Dubois Migoya, Alfonso, JUR
67. Elías Ortega, Angel, JUR
68. Elizegi Alberdi, María José
69. Errea Berges, Unai JUR
70. Eslava de Miguel, Ander JUR
71. Esteban Galarza, Mari Luz
72. Etxabarri García, Arantza.
73. Ezeizabarrena, Xabier
74. Fernández Fernández, Beatriz
75. Fernández, Itsaso
76. Fernandino Hurtado, Isabel
77. Francés Lecumberri, Libertad.
78. Fullaondo, Arkaitz JUR
79. Furundarena Egurbide, Itoitz JUR
80. Galán Motino, Eduardo.
81. Garai Artetxe, Estitxu
82. Garaikoetxea, Carlos JUR
83. Garaikoetxea, Iban JUR
84. García Gracianteparaluceta, Beñat
85. García Iricibar, Clara.
86. García Ortega, Pazis JUR
87. García Sola, Peio.
88. García, Clara JUR
89. Garikano Chasco, Javier JUR
90. Garin, Inazio
91. Goikoetxea, Jule
92. Goirizelaia Ordorika, Iñaki
93. Goirizelaia, Jone JUR
94. Gomez Etxabe, Amaia JUR
95. Gonzalez de Murua, Carmen JUR 3
96. González Moyano, Diego JUR
97. Gorostiaga Mendizabal, Urtzi JUR
98. Gorostidi, Izaro
99. Gorritxo Zalbide, Verónica JUR
100. Guridi Aldanondo, Luis
101. Gurrutxaga Arratibel, Felipe.
102. Gutierrez Larrea, Luis JUR
103. Gutiérrez, Arantza
104. Hernández Zubizarreta, Juan JUR
105. Ibabe Lujambio, Arantza
106. Ibarra, Pedro
107. Idoiaga, Petxo JUR
108. Iglesias Urkia, Ioritz JUR
109. Imaz Otaegi, Amaia JUR
110. Iribar Olabarri, Sara JUR
111. Iruin, Iñigo JUR
112. Isasi Castresana, María Elena JUR
113. Jubeto, Yolanda
114. Kortabarria Arenaza, Haimar JUR
115. Kortabarria, German JUR
116. Laka Antxustegi, Xabier
117. Laka Maruri, Aitor
118. Lakarra Etxebarria, Iñigo JUR
119. Landa de Miguel, Nerea JUR
120. Landa Gorostiza, Jon Mirena JUR
121. Larrea Muxika, Jose Maria JUR
122. Larrinaga Arza, Josu
123. Lasagabaster Herrarte, Iñaki JUR
124. Lauzurika Fernandez gorostitzako, Ramiro
125. Leal Grados, Bittor.
126. Lekue Tolosa, Nerea JUR
127. Letamendi Onzain, Arkaitz
128. Letamendia, Francisco
129. Lizaso Ulzurun, César JUR
130. Lledo Sainz de Rozas, Mª del Mar
131. Luque Cano, Luis
132. Maia Larretxea, Julian
133. Makiazaran López de Goikoexea, Mikel JUR
134. Malaxetxebarria Elizegi, Irati JUR
135. Mariñelarena Garciandia, Josema JUR
136. Martín Chamorro, Ainhoa.
137. Martin Comino, Eugenia
138. Martinez Ceregido, Elena
139. Martínez Chocarro, Fernando.
140. Martínez García, Patricia JUR
141. Martínez Garcia, Zesar
142. Martínez Hernández, Eva
143. Maseda García, Amaia
144. Mateos, Txoli 4
145. Mendez Villagrasa, Maika JUR
146. Mendia, Irantzu
147. Mendizabal Escalante, Maider JUR
148. Montorio Uribarren, Amaia
149. Moreno Arrarás, Patricia.
150. Mtz. de Antoñama Carrión, Marta
151. Mujika Aierbe, Maitane JUR
152. Muñoz Oñederra, Igor
153. Nagore Santandreu, David.
154. Naveira Sanchez, Eva, 155. Noguera, Albert JUR
156. Olaskoaga, Gurutz
157. Ontoria del Cura, Sonia JUR
158. Ontoria, Sonia JUR
159. Onzain Sese, Leire JUR
160. Ordorika Alegria, Ainhoa JUR
161. Ortells Sasia, Txus
162. Ortiz de Guinea, Cristina JUR
163. Otazua Torrecilla, Begoña
164. Otxoa Iriarte, Koldo
165. Otxoa, Isabel
166. Percaz Napal, Andrés.
167. Plazaola, Fernando
168. Quintana Díez, Zuriñe JUR
169. Ramírez de la Piscina, Aratz JUR
170. Recalde Eseverri, Ana.
171. Rekakoetxea Eguskiza, Nieves
172. Rivadeneyra, Jose Mª
173. Ruiz de Alda Laaksonen, Manu Mikel.
174. Ruiz de Arcaute Graciano, Francisco Javier
175. Sainz de Rozas Bedialauneta, Rafael JUR
176. Saitua, Ainhoa
177. Sánchez González, Julio JUR
178. Santesteban Ciganda, Amaia.
179. Santos Itoiz, Eduardo JUR
180. Serna Martínez, Maite
181. Simal Martín, Josu JUR
182. Soria Gulina, Juanje.
183. Suarez Azpiroz, Irati JU R
184. Talavera Echeverria, Olatz JUR
185. Talens Armand, Domingo.
186. Tejera Bollain, Javier
187. Ubieto Aranguren, Amaia JUR
188. Ugalde Olea, Unai
189. Ugartemendia de la Iglesia, Juanjo
190. Urizar Urrutia, Nerea JUR
191. Urkaregi Etxepare, Arantza
192. Urrestarazu Zameza, Nere JUR
193. Urrutia Igartua, Aintzane

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Declaración de diputados y senadores


 
El 22 de marzo se ha hecho pública una declaración firmada por 89 diputados y senadores en relación con los acontecimientos ocurridos en Alsasua y su posterior tratamiento judicial. A continuación recogemos el contenido de dicha declaración y sus firmantes.

Leer manifiesto


A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, nueve jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y tres de ellos permanecen encarcelados provisionalmente. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

La definición que sobre el delito de terrorismo recoge el Código Penal ha sido reiteradamente cuestionada por diferentes Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Concretamente, la definición en vigor, fruto de la reforma promovida por la Ley Orgánica 2/2015 orientada en su exposición de motivos a combatir singularmente el terrorismo yihadista, ha sido recientemente (23-02-2015) cuestionado por cinco Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que ““tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. El caso de Alsasua constituye un claro ejemplo en este sentido.

Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.

Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.
Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los tres jóvenes.

A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.

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Ver firmantes


1. Joseba Agirretxea Urresti (Diputado. PNV)
2. Nagua Alba (Diputada. Podemos)
3. Fèlix Alonso (Diputado. IU)
4. Vanesa Angustia Gómez (Senadora. En Marea)
5. Teresa Arévalo Caraballo (Diputada. Podemos)
6. Miguel José Aubà Fleix (Senador. ERC)
7. Joaquim Ayats i Bartrina (Senador. ERC)
8. Anna Azamar Capdevila (Senadora. ERC)
9. Jorge Luis Bail. (Diputado. Podemos)
10. Angela Ballester (Diputada. Podemos)
11. Joan Baloví i Roda (Diputado. Compromis)
12. Iñigo Barandiaran Benito (Diputado. PNV)
13. Enric Bataller i Ruiz (Diputado. Compromis)
14. Marian Beitiallaragoitia (Diputada. EH Bildu)
15. Ferran Bel Accenci (Diputado. PDeCAT)
16. Ione Belarra Urteaga (Diputada. Podemos)
17. Iñaki Bernal (Senador. IU)
18. Carolina Bescansa (Diputada. Podemos)
19. Miguel Bustamante (Diputado. IU)
20. Pablo Bustinduy (Diputado. Podemos)
21. Carles Campuzano Canadés (Diputado. PDeCAT)
22. Ignasi Candela Serna (Diputado. Compromis)
23. Joan Capdevila i Esteve (Diputado. ERC)
24. Ester Capella i Farré (Diputada. ERC)
25. Mirella Cortès Gès (Senadora. ERC)
26. Jose David Carracedo Verde (Diputado. Podemos)
27. Sofia Castañón (Diputada. Podemos)
28. Laura Castel Fort (Senadora. ERC)
29. Xavier Castellana Gamisans (Senador. ERC)
30. Lourdes Ciuró Buldó (Diputada. PDeCAT)
31. Mae de la Concha Gª-Mauriño (Diputada. Podemos)
32. Jordi Martí Deulofeu (Senador. ERC)
33. Yolanda Díaz Pérez (Diputada. En Marea)
34. Gloria Elizo. (Vicepresidenta tercera del Congreso). (Diputada. Podemos)
35. Francesc Xavier Eritja Ciuró (Diputado. ERC)
36. Iñigo Errejón (Diputado. Podemos)
37. Aitor Esteban Bravo (Diputado. PNV)
38. Miquel Angel Estradé Palau (Senador. ERC)
39. Sonia Farré Fidalgo (Diputada. Podemos)
40. Alexandra Fernández (Diputada. En Marea)
41. Mar García Puig (Diputada. Podemos)
42. Eva García Sempere (Diputada. IU)
43. Alberto Garzón (Diputado. IU)
44. Antonio Gómez-Reino Varela (Diputado. En Marea)
45. Segundo González García (Diputado. Podemos)
46. Francesch Homs i Molist (Diputado. PDeCAT)
47. Auxiliadora Honorato Chulián (Diputada. Podemos)
48. Pablo Iglesias (Diputado. Podemos)
49. Jon Iñarritu (Senador. EH Bildu)
50. Teresa Jordà i Roura (Diputada. ERC)
51. Mikel Legarda Uriarte (Diputado. PNV)
52. Juantxo López de Uralde (Diputado. Podemos)
53. Ana Marcello (Diputada. Podemos)
54. Lucia Martin González (Diputada. Podemos)
55. Rosa Martínez Rodríguez. (Diputada. Podemos)
56. Oskar Matute (Diputado. EH Bildu)
57. Eduardo Maura. (Diputado. Podemos)
58. Joan Mena (Diputado. IU)
59. Sergi Miquel Valentí (Diputado. PDeCAT)
60. Alberto Montero (Diputado. Podemos)
61. Irene Montero Gil (Diputada. Podemos)
62. Jaume Moya i Matas (Diputado. Podemos)
63. Miriam Nogueras Camero (Diputada. PDeCAT)
64. Joan Olòriz Serra (Diputado. ERC)
65. Elisenda Pérez Esteve (Senadora. ERC)
66. Bernat Picornell Grenzner (Senador. ERC)
67. María Pita Cárdenas (Diputada. Podemos)
68. Antoni Postius Terrado (Diputado. PDeCAT)
69. Alberto Rodríguez (Diputado. Podemos)
70. Ángela Rodríguez Martínez (Diputada. En Marea)
71. Josep Rufà Gràcia (Senador. ERC)
72. Gabriel Rufián Romero (Diputado. ERC)
73. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (Diputada. PNV)
74. Isabel Salud (Diputada. Podemos)
75. Jordi Salvador i Duch (Diputado. ERC)
76. Tania Sánchez (Diputada. Podemos)
77. Eduardo Santos Itoiz (Diputado. Podemos)
78. Ricardo Sixto (Diputado. IU)
79. Marta Sorlí Fresquet (Diputada. Compromis)
80. Ana María Surra Spadea (Diputada. ERC)
81. Joan Tardà i Coma. (Diputado. ERC)
82. Ana Terrón (Diputada. Podemos)
83. Carmen Valido Pérez (Diputada. Podemos)
84. Noelia Vera Ruiz-Herrera (Diputada. Podemos)
85. Raimundo Viejo Viñas (Diputado. Podemos)
86. Miguel Vila Gómez (Diputado. Podemos)
87. Jordi Xuclà Costa (Diputado. PDeCAT)
88. Juan Pedro Yllanes (Diputado. Podemos)

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Declaración parlamentarios/as europeos/as


52 eurodiputados/as, de 5 grupos parlamentarios y de 15 estados suscribieron el 29 de junio de 2017 una declaración donde se pedía que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad y la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo

Leer declaración


Introducción
En la noche del 15 de octubre, durante las Ferias de Alsasua, 9 jóvenes de entre 19 y 24 años fueron detenidos como presuntos agresores de dos guardias civiles fuera de servicio tras una trifulca nocturna en un bar, en la cual un miembro de la policía (Guardia Civil) sufrió fractura de tobillo. Aunque inicialmente la instrucción de los hechos recayó en la Audiencia Provincial de Navarra, la Audiencia Nacional (situada en Madrid y competente para delitos de terrorismo y otros delitos de especial gravedad) calificó los hechos como acto de terrorismo, y asumió la competencia de su instrucción por lo que los jóvenes pueden ser condenados a penas entre 10 y 15 años de prisión. Siete de los jóvenes detenidos fueron encarcelados. Actualmente tres de ellos permanecen en prisión a 400 km de sus domicilios y en un régimen especial llamado FIES que restringe significativamente sus derechos.

Respecto a estos hechos cabe señalar que:
La Audiencia Provincial de Navarra en Auto de 23-03-2017 estima que no existen “indicios de la comisión de un supuesto delito de terrorismo” y considera que la causa debe volver a instruirse en el Juzgado ordinario.

El Parlamento de Navarra, aprobó el 21-11-2016, que “El Parlamento de Navarra, desde el respeto a las decisiones judiciales, manifiesta su desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, que pueden acarrear el cumplimiento de penas desproporcionadas a los jóvenes encausados. Por este motivo el Parlamento de Navarra solicita al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Navarra y a la Fiscalía General que reconsideren el caso, a fin de devolver la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona-Iruñea, juzgado que consideramos competente para continuar con la instrucción de estos hechos”.

Reiteradamente organismos internacionales como Naciones Unidas han cuestionado las sucesivas definiciones y el alcance excesivo del concepto de terrorismo utilizado en el sistema penal español. Así, por ejemplo, el Relator de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin (Europa Press, 14-05-2008) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2008. La modificación de la definición del delito de terrorismo, mediante la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, – aplicada a los hechos que nos ocupan- ha sido criticada por cinco relatores de Naciones Unidas. El Parlamento de Navarra ha solicitado en resolución de 16-02-2017 la modificación de tal definición de terrorismo en el Código Penal español.

193 juristas y profesores universitarios han firmado un manifiesto que analiza el caso desde un punto de vista jurídico y solicitan y concluyen que los hechos no deben ser calificados como terrorismo y que la causa debe volver a instruirse en el Juzgado ordinario.

El 22 de marzo de 2017, 74 diputadas y diputados del Parlamento Español y 14 senadoras y senadores han suscrito una declaración en la que también solicitan que los hechos no sean calificados como terrorismo y que la causa sea devuelta al Juzgado ordinario de Navarra. Asimismo, 83 alcaldes de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, incluyendo a los de las 4 capitales, Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, apoyan la misma petición.

Son muchos los ejemplos en el Estado español de agresiones a policías en similares situaciones que fueron juzgadas en los juzgados ordinarios y conforme a las normas penales ordinarias y no como terrorismo. Por el contrario, en el caso de los jóvenes navarros las penas solicitadas son totalmente desproporcionadas con relación a la gravedad de las lesiones ocurridas.

Declaración
“Con relación a los hechos que ocurrieron en la noche del 15 de octubre, durante las Ferias de Alsasua, tras los cuales 9 jóvenes de entre 19 y 24 años fueron detenidos como presuntos agresores de dos policías fuera de servicio tras una trifulca nocturna en un bar:
Solicitamos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad y, por ello, pedimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo de estos hechos y la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, para que sean allí juzgados.”

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Ver firmantes


Marina ALBIOL GUZMAN (GUE/NGL) España
Martina ANDERSON (GUE/NGL) Irlanda
Xabier BENITO ZILUAGA (GUE/NGL) Euskal Herria
Izaskun BILBAO BARANDIKA (ALDE) Euskal Herria
Malin BJORK (GUE/NGL) Suecia
José BOVÉ (GREENS/EFA) Francia
Lynn BOYLAN (GUE/NGL) Irlanda
Matt CARTHY (GUE/NGL) Irlanda
Nikolaos CHOUNTIS (GUE/NGL) Grecia
Javier COUSO PERMUY (GUE/NGL) España
Karima DELLI (GREENS/EFA) Francia
Fabio DE MASI (GUE/NGL) Alemania
Mark DEMESMAEKER (ECR) Flandria
Stefan ECK (GUE/NGL) Alemania
Cornelia ERNST (GUE/NGL) Alemania
Jill EVANS (GREENS/EFA) Gales
Ana GOMES (S & D) Portugal
Eleonora FORENZA (GUE/NGL) Italia
Tania GONZÁLEZ PEÑAS (GUE/NGL) España
Maria HEUBUCH (GREENS/EFA) Alemania
Eva JOLY (GREENS/EFA) Francia
Josu JUARISTI ABAUNZ (GUE/NGL) Euskal Herria
Rina Ronja KARI (GUE/NGL) Dinamarca
Katerina KONECNA (GUE/NGL) Republica Checa
Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL) Grecia
Kostadinka KUNEVA (GUE/NGL) Grecia
Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL) Finlandia
Philippe LAMBERTS (GREENS/EFA) Belgica
Paloma LOPEZ BERMEJO (GUE/NGL) España
Sabine LÖSING (GUE/NGL) Alemania
Curzio MALTESE (GUE/NGL) Italia
Florent MARCELLESI (GREENS/EFA) España
Marisa MATIAS (GUE/NGL) Portugal
Martina MICHELS (GUE/NGL) Alemania
Liadh NÍ RIADA (GUE/NGL) Irlanda
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL) Grecia
Joao PIMENTA LOPES (GUE/NGL) Portugal
Lola SANCHEZ CALDENTEY (GUE/NGL) España
Lidia SENRA RODRÍGUEZ (GUE/NGL) Galicia
Jordi SOLÉ FERRANDO (GREENS/EFA) Cataluña
Barbara SPINELLI (GUE/NGL) Italia
Bart STAES (GREENS/EFA) Flandria
Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL) Chipre
Josep-Maria TERRICABRAS NOGUERAS (GREENS/EFA) Cataluña
Estefanía TORRES MARTINEZ (GUE/NGL) España
Ramon TREMOSA i BALCELLS (ALDE) Cataluña
Miguel URBAN CRESPO (GUE/NGL) España
Ernest URTASUN DOMÈNECH (GREENS/EFA) Cataluña
Angela VALLINA DE LA NOVAL (GUE/NGL) España
Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL) Francia
Tatjana ZDANOKA (GREENS/EFA) Letonia
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL) Alemania

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Además, han remitido una carta a Jean-Claude Juncker, presidente de la comisión europea, pidiéndole que interfiera para garantizar los derechos de los ciudadanos europeos. Lee aquí la carta.

Declaración autoridades municipales

Más de setenta alcaldes de toda Euskal Herria, entre ellos los de las capitales de Pamplona (Joseba Asiron), Bilbao (Juan Mari Aburto), San Sebastián (Eneko Goia) y Vitoria-Gasteiz (Gorka Urtaran), han hecho suyas las peticiones de trasladar el proceso del caso de Altsasu a la Audiencia Provincial de Navarra y que la instrucción, por lo tanto, se haga en esta comunidad, y no en la Audiencia Nacional, como ha sucedido hasta la fecha.

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Los máximos responsables municipales expresan de este modo su apoyo a las peticiones de las familias de los once jóvenes procesados, peticiones respaldadas por numerosos juristas e instituciones, a saber: que no se considere el incidente de Ferias como terrorismo y que, por lo tanto, queden en libertad los tres jóvenes presos en régimen de aislamiento en cárceles de Madrid.

Entre los firmantes, además de los alcaldes de las cuatro capitales, están los de
Areatza, Ibarrangelu, Elorrio, Dima, Nabarniz, Güeñes, Arrigorriaga, Arrieta y Zierbena, en Bizkaia;
Barrundia, Asparrena y Arana, en Araba;
Amezketa, Segura, Alkitza, Oiartzun, Eskoriatza, Larraul, Antzuola, Elgeta, Alegia, Amasa-Billabona, Berastegi, Altzo, Elduain, Altzaga, Usurbil, Beasain, Zumaia eta Getaria, en Gipuzkoa;
y Leitza, Ituren, Huarte-Arakil, Tafalla, Arbizu, Etxarri-Aranatz, Ziordia, Artazu, Beriain, Araiz, Esparza de Salazar, Ansoain, Bera, Zubieta, Ergoiena, Burlata, Metauten, Barañain, Gares, Arantza, Larraun, Orbara, Baztan, Cabredo, Basaburua, Areso, Olatzagutia, Berriozar, Doneztebe, Etxauri, Bakaiku, Irurtzun, Uharte, Lizarra, Atarrabia, Etxarri, Agoitz, Iturmendi, Sunbilla y Goizueta en Nafarroa.
En otros ayuntamientos como Hernani, Legazpi o Ikaztegieta, se han aprobado mociones en el mismo sentido.

Las personas firmantes hacen suyas, igualmente, las peticiones del Parlamento de Navarra y del Ayuntamiento de Altsasu. Ambas instituciones adoptaron sendos acuerdos donde mostraban su disconformidad con la encarcelación de los jóvenes, pedían proporcionalidad en la aplicación de la justicia, y exigían el traslado del caso a Navarra.

La recogida de firmas de apoyo ha sido impulsada por el alcalde de Altsasu Javier Ollo, la abogada Sonia Ontoria, y el catedrático de derecho Penal de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster, quienes esperan nuevas adhesiones en las próximas semanas.

En las próximas semanas esta iniciativa continuará recabando más adehesiones entre los ayuntamientos.

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Declaraciones institucionales

I. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra expresa su compromiso por la paz y la convivencia en Altsasu/Alsasua y en toda Navarra, presentada por los G.P. Geroa Bai, G.P. EH Bildu Nafarroa, G.P. Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. de Izquierda-Ezkerra.

Han votado a favor de la declaración aprobada Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra.

El punto 1 de la declaración ha sido aprobado por unanimidad. UPN y PSN han votado en contra de los puntos 2, 3, 5, 6 y 7, y se han abstenido en el punto 4. El PPN ha votado en contra de los puntos 2 al 7.

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1- El Parlamento de Navarra expresa su compromiso por la paz y la convivencia en Altsasu/Alsasua y en toda Navarra.
2- El Parlamento de Navarra, desde el respeto a las decisiones judiciales, manifiesta su desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, que pueden acarrear el cumplimiento de penas desproporcionadas a los jóvenes encausados. Por este motivo el Parlamento de Navarra solicita al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Navarra y a la Fiscalía General que reconsideren el caso, a fin de devolver la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona-Iruñea, juzgado que consideramos competente para continuar con la instrucción de estos hechos.
3- El Parlamento de Navarra manifiesta su desacuerdo con las detenciones y medidas cautelares practicadas, como el encarcelamiento de los siete jóvenes de Altsasu/Alsasua, al considerar que es una medida desproporcionada, injustificada e innecesaria para el desarrollo de la instrucción, máxime cuando algunos de ellos se personaron voluntariamente y no concurre riesgo de fuga, por lo que solicita su inmediata puesta en libertad.
4- El Parlamento de Navarra muestra su más rotundo rechazo a la imagen distorsionada que se ha trasladado del municipio de Altsasu/Alsasua muy lejos de la realidad de una localidad socialmente plural y acostumbrada a una normal convivencia entre diferentes. En este sentido, ponemos en valor la actitud mostrada ante los hechos por la ciudadanía.
5- El Parlamento de Navarra apoya la manifestación silenciosa convocada en Altsasu/Alsasua por el Ayuntamiento el próximo sábado, 26 de noviembre, con el lema “Altsasu”.
6- El Parlamento de Navarra solicita al Defensor del Menor que adopte las medidas necesarias y adecuadas a fin de que los derechos de los dos menores afectados en este procedimiento sean respetados.
7- El Parlamento de Navarra acuerda remitir copia de esta Declaración Institucional al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Navarra, a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Menor.

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II. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua reunido con fecha de 16 de noviembre de 2016 acordó la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. Votaron a favor Geroa Bai, EHBildu, Goazen Altsasu y los concejales del PSN a titulo individual. UPN votó en contra.

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1.- Queremos manifestar y hacer nuestro el sentir de las familias de las personas detenidas el lunes 14 de noviembre, las cuales se sienten indefensas, desamparadas y muy preocupadas por el futuro de sus hijos e hijas ante el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de cumplimiento de penas desproporcionadas, al haberse calificado los hechos como acto terrorista en la Audiencia Nacional.
2.- Ante ello pedimos amparo a todas las instituciones (tanto ejecutivas como legislativas y judiciales) navarras para que esos hechos sean instruidos en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, donde comenzó dicha instrucción y donde figura el informe de la Policía Foral, la que en su día se hizo cargo del caso y a la que consideramos competente en este tema.
3.- El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, aun desde el respeto a las decisiones judiciales, manifiesta su desacuerdo con la calificación penal de los hechos en cuestión como delito de terrorismo. Así como con las detenciones y medidas cautelares practicadas, las cuales se consideran innecesarias.
4.- Así mismo, queremos expresar nuestra solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas a partir de unos hechos que entendemos nunca debieron ocurrir, y por extensión al pueblo de Alsasua al que queremos agradecer la actitud mostrada ante tales hechos.
5.- El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua muestra su apuesta por la paz y la convivencia en nuestro municipio, intensificando el diálogo y la actuación responsable entre todas y todos para avanzar en dicha convivencia.
6.- El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua rechaza de forma rotunda la imagen que se ha trasladado de nuestro municipio, la cual nada tiene que ver con la realidad, así como la información privada de jóvenes y menores aparecida en tales medios.
7.- El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua convoca una manifestación a la que llama al conjunto de la ciudadanía que se celebrará el sábado 26 de noviembre a las 13:00 hs. bajo el lema: “ALTSASU”.

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III. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO NAVARRA INSTANDO A MODIFICAR EL ARTÍCULO 573 DEL CP

El Pleno del Parlamento aprovó con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E, y los votos en contra de UPN , PSN y PPN, una resolución por la que se insta a las Cortes Generales a “emprender de manera urgente la modificación del artículo 573 del Código Penal y la calificación del delito de terrorismo introducida a través de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo”.
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Los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente moción, para su debate y votación en el Pleno, por la que se insta a las Cortes Generales a proceder a la modificación del artículo 573 del Código Penal.

Exposición de motivos

Son numerosas y de sensibilidades plurales las personalidades del ámbito jurídico que han manifestado que, en materia de derecho penal y penitenciario, la lucha contra el terrorismo se deslizó en el Estado español hacia una práctica interpretativa y de cambios legales que cabe enmarcar en el ámbito excepcional.

En este contexto resulta especialmente llamativo que cuatro años después de desaparecida la amenaza de ETA con el cese definitivo de su actividad se produjese en el Estado una modificación del tipo penal de terrorismo como la que se produjo en la pasada legislatura, bajo la mayoría absoluta del Partido Popular, a través·de la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, que ha llevado a la redacción actual del artículo 573 del Código Penal

Esta modificación implica que se aplica al concepto de “terrorismo” unos límites difusos. De este modo, aunque ETA no mate ni cometa atentados desde hace más de cinco años puede haber un delito de terrorismo sin una organización activa detrás cuando se considere por el juzgador que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública. Además, teniendo en cuenta que se trata de una modificación relativamente reciente, no hay jurisprudencia constitucional o del Tribunal Supremo fijando sus límites.

La citada modificación del Código Penal ha sido denunciada por organismos internacionales, incluida la ONU, por su vulneración de derechos civiles y libertades democráticas. En concreto, cinco relatores de esta organización internacional consideraron que con esta calificación del delito hoy vigente se pueden llegar a criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podrían resultar consecuencias desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión.

Recientemente la Juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha concluido el sumario contra los 9 jóvenes de la localidad navarra de Altsasu de entre 19 y 24 años identificados como presuntos agresores de dos guardias civiles el pasado mes de octubre elevando el mismo a la Sala de lo Penal de este Tribunal para que dicte la apertura de enjuiciamiento. Por la circunstancia expuesta y todo lo que ha acontecido alrededor de este desgraciado episodio la jueza atribuye a los jóvenes delito de terrorismo en concurso ideal con varios delitos (lesiones, atentado y odio) pudiendo enfrentarse a unas penas absolutamente desproporcionadas por unas conductas que en circunstancias normales no pasarían de ser hechos constitutivos de una sanción penal común.

Entre las numerosas y solventes voces del mundo jurídico que han valorado este caso a partir de los propios hechos relatados en el auto se remarca: “sin pretender minimizar la actuación que se imputa a los investigados ni la solidaridad debida con las víctimas de toda presunta agresión en ningún caso concurre un delito de incitación al odio, ni de terrorismo imputaciones que responden, una vez más, a la sobreactuación por parte del Ministerio Fiscal y la Audiencia Nacional en todo lo que tiene que ver con la prácticamente extinta organización terrorista ETA”.

Entendemos que es momento de recomponer el estado de normalidad penal retomando a las garantías y mínimos que en esta materia constituyen estándares básicos de un sistema de derechos y libertades. La normalidad penal es un consenso social y su ausencia un factor de distorsión. Recuperar la normalidad penal es un objetivo democrático porque contribuye decisivamente a la normalización de la convivencia en nuestra sociedad.

En este sentido, el Acuerdo Programático para Navarra para la legislatura 2015-2019 en el bloque correspondiente a pluralidad y convivencia relativo a la memoria reciente establece como medida la de impulsar iniciativas “para acabar con las medidas penales y penitenciarias de excepción”.

En coherencia con ello y por las razones expuestas, los grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente propuesta de resolución:

1. El Parlamento de Navarra insta a las Cortes Generales a emprender de manera urgente la modificación del artículo 573 del Código Penal y la calificación del delito de terrorismo introducida a través de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo.
2. Remitir la presente resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado para su envío a los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

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IV. DECLARACIÓN AYTO. ALSASUA A LOS 100 DÍAS DE LAS DETENCIONES

Con motivo de que han transcurrido 100 días desde las detenciones, el Ayuntamiento de Alsasua aprobó una moción en la que volvía a solicitar la puesta en libertad de los jovenes encarcelados y que no se juzgue bajo la acusación de terrorismo. Apoyaron la moción Geroa Bai, EHBildu Goazen Altsasu y los dos concejales del PSN a titulo individual. UPN votó en contra.
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Hoy dia 22 de febrero se cumplen 100 dias de prisión, en régimen FIES, tres de los jóvenes imputados por acontecimientos ocurridos en un bar de Alsasua el pasado dia de Ferias. Concretamente, Adur Ramirez de Alda Pozueta, Jokin Unamuno Goikoetxea y Oihan Arnanz Ziordia. Se les ha denegado la libertad condicional bajo el argumento de riesgo de fuga, a pesar de que se han presentado voluntaria y reiteradamente ante los jueces, y a pesar de su arraigo familiar y social que la jurisprudencia siempre ha considerado como elemento que dificulta ese riesgo de fuga. De esta manera se les impide proseguir con sus estudios y trabajos, alejados de sus familias y amistades.

Recientemente la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha conducido el sumario contra los 9 jóvenes de Alsasua. Identificados como presuntos agresores de los Guardias Civiles el pasado mes de octubre. La jueza atribuye a los jóvenes delito de terrorismo en concurso ideal con varios delitos (Lesiones, atentado y odio) pudiendo enfrentarse a mas penas desproporcionadas por unas conductas que en circunstancias normales no pasarían de ser unos hechos constitutivos de una sanción penal común. Debe señalarse a este respecto, que la imputación de terrorismo exige la comisión de un delito grave, que en este caso no se produce, ya que los supuestos delitos de lesiones, atentado y odio no se castigan con penas superiores a los 5 años.

Por otra parte, en marzo de 2015 se produjo una modificación en el estado español del tipo penal de terrorismo, supuestamente su exposición de motivos a combatir singularmente el terrorismo yihadista, que nada tiene que ver con los hechos ocurridos en Alsasua. Esta modificación supone que “se aplica al concepto de terrorismo unos límites difusos, y al ser una modificación relativamente reciente, no hay jurisprudencia constitucional o del Tribunal Supremo fijando sus límites”. Esta nueva definición a sido reiteradamente cuestionada por diferentes instancias de Naciones Unidas. La última vez en febrero de 2015 cinco relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “tal como está redactada, la ley antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. En el caso de Alsasua constituye un claro ejemplo en este sentido.

Finalmente, durante el transcurso de estos meses se ha asistido a un sobredimensionamiento mediático que a distorsionada la imagen del municipio Navarro dañándolo sobremanera.

En resumen, se debe subrayar que la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos debe proteger. Estas vulneraciones dañan la calidad democrática, los principios del Estado de Derecho y los Derechos Humanos, y eso es algo que atañe a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad.

Por todo ello el ayuntamiento de Altsasu a través de esta MOCIÓN solicita:

  • La libertad inmediata de los 3 jóvenes encarcelados y que vuelva el caso a la Audiencia Provincial de Navarra.
  • La eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo.
  • Exigir una vez más a los medios de comunicación que dejen de atacar el pueblo de Altsasu, ofreciendo una imagen distorsionada de la imagen de nuestro pueblo.

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V. MOCIÓN DEL AYTO. DE ALSASUA FRENTE A LA PETICIÓN FISCAL

Tras conocerse la petición de penas que ha realizado el Fiscal para este caso, el Ayuntamiento de Alsasua, en un pleno de urgencia, aprobó una moción mostrando su rechazo a esta petición y volviendo a mostrar su disconformidad con la calificación de terrorismo. Apoyaron la moción Geroa Bai, EHBildu Goazen Altsasu y los dos concejales del PSN a titulo individual. UPN votó en contra.
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VI. ACUERDO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Tomando en consideración la declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra el 19 de junio en Altsasu, el Gobierno de Navarra acuerda interesarse por la situación de las tres personas encarceladas de Altsasu, reclamando el levantamiento de las medidas de aislamiento y separación.
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