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El 15 de octubre de 2016, durante la madrugada de las Ferias de Alsasua, se produjo un altercado entre un grupo de jóvenes de la localidad y una pareja de guardias civiles de paisano junto con sus parejas en el bar Koxka, en el centro del pueblo. A raíz de los hechos, un miembro de la Guardia Civil sufrió fractura de tobillo y fue intervenido quirúrgicamente, y siete jóvenes fueron detenidos, trasladados a la Audiencia Nacional y posteriormente encarcelados. En total, once personas están imputadas por delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y terrorismo. Siete de ellas estuvieron detenidas bajo prisión incondicional sin fianza en las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real durante más de un mes, después de prestar declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. A día de hoy, 21 de diciembre, tres de ellas siguen en prisión.

Es de destacar que en el primer informe de la Policía Foral, que fue la autoridad que se hizo cargo inicialmente del caso, y que se personó en el lugar de los hechos para recoger testimonios en la zona, sólo se hablaba de posibles delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones. Asimismo en el primer informe elaborado por la Guardia Civil se rechaza la existencia de un linchamiento organizado y la calificación de los hechos como un acto de terrorismo. La posterior denuncia que la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (Covite) interpuso ante la Audiencia Nacional provocó el traslado del caso y la ampliación de la propuesta de delitos a los de terrorismo e incitación al odio.

La desproporción entre los hechos y las consecuencias penales ha provocado una gran movilización social en la localidad, que se ha traducido en un respaldo casi absoluto del consistorio a la petición de los padres y madres de criticar el sobredimensionamiento de los hechos; en un apoyo unánime de los consistorios de la comarca a las movilizaciones casi diarias que se han sucedido en la plaza de Alsasua por iniciativa popular; y en el desacuerdo de la Junta de Gobierno del Parlamento de Navarra a la calificación penal de terrorismo y sus solicitudes para traslado de la instrucción a la Audiencia Provincial de Navarra y para la puesta en libertad de las personas encarceladas. Asimismo, ha generado numerosas críticas tanto de partidos políticos como de organizaciones sociales, que tuvieron reflejo en una multitudinaria manifestación que llenó las calles de Alsasua el pasado 26 de noviembre, bajo el lema #Altsasu.

Las propias medidas adoptadas contra los jóvenes han provocado la crítica y el rechazo de juristas de reconocida reputación todo el Estado que las han tachado de “sobreactuación judicial”, “desproporcionadas” y “desorbitadas”.
Por otra parte, el tratamiento mediático del caso, con la difusión de las identidades de las personas afectadas, de sus fotografías, de sus profesiones y lugares de estudio aún estando el caso todavía en fase de instrucción; con la distorsión de la realidad del pueblo y de toda la zona; con acusaciones sin respetar la presunción de inocencia, el derecho al juez natural y a un juicio justo, han producido indignación en la población local y sentimiento de indefensión entre las familias.

Queremos expresar, mediante estos documento, cómo ha tenido lugar el desarrollo de los hechos, cuáles han sido las incontables muestras de solidaridad y apoyo recibidas, y, asimismo, los argumentos jurídicos que, en nuestra opinión, demuestran que no se han respetado los principios de presunción de inocencia, de proporcionalidad, de respeto al juez natural o de individualización de las responsabilidades.